El Senado de Chile comenzó a analizar una iniciativa legislativa orientada a prevenir y sancionar la manipulación digital de la opinión pública mediante redes coordinadas de cuentas automatizadas, conocidas como “granjas de bots”. El proyecto busca abordar situaciones en las que perfiles artificiales simulan participación ciudadana, amplifican determinados contenidos o generan una apariencia falsa de respaldo social en internet.
La propuesta fue presentada por el senador Iván Flores, con el respaldo de las senadoras Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda y Paulina Vodanovic, además del senador Matías Walker. De acuerdo con la información publicada por el Senado de la República de Chile, el texto fue remitido a la Comisión de Constitución para su estudio.
Qué busca regular la iniciativa
El proyecto pretende modificar distintas normas legales para enfrentar el uso coordinado e inauténtico de plataformas digitales. El foco está puesto en redes de cuentas que, mediante automatización u organización sistemática, puedan alterar la percepción sobre el nivel de apoyo a una idea, candidatura, campaña o posición política.
La preocupación central es que una actividad artificial pueda presentarse como una expresión ciudadana espontánea. En ese escenario, la cantidad de publicaciones, interacciones o perfiles activos podría transmitir una señal engañosa sobre la relevancia de un tema y afectar la forma en que otras personas interpretan el debate público.
Según los antecedentes difundidos por el Senado, la propuesta también considera aquellas operaciones que interfieran de manera fraudulenta en procesos electorales y plebiscitos. La iniciativa, por lo tanto, vincula el uso de herramientas digitales con la protección de la integridad de procedimientos democráticos en Chile.
El proyecto está en etapa de tramitación
La iniciativa corresponde al Boletín N.º 18.642-07 y fue registrada el 9 de septiembre de 2026, según el sistema de tramitación legislativa del Senado chileno. Su presentación no implica todavía la aprobación de nuevas sanciones: el texto debe continuar su revisión parlamentaria y atravesar las etapas correspondientes del proceso legislativo.
El avance abre una discusión sobre los límites y las responsabilidades asociadas al uso de automatización en redes sociales. El desafío consiste en diferenciar una actividad coordinada legítima de una operación destinada a ocultar su origen, simular apoyo popular o distorsionar la circulación de información durante momentos políticamente sensibles.
El debate también involucra derechos y principios como la libertad de expresión, la participación política y la transparencia del entorno digital. La discusión legislativa deberá precisar qué conductas quedarían comprendidas, cómo se acreditarían y qué medidas podrían aplicarse sin afectar expresiones auténticas de ciudadanos u organizaciones.
La Cámara también investiga el uso de bots e inteligencia artificial
El análisis del Senado ocurre en paralelo con otra iniciativa institucional. El 2 de septiembre de 2026, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora para reunir antecedentes sobre el uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica y herramientas de inteligencia artificial generativa en actividades relacionadas con el gobierno.
La decisión, registrada en el sitio oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, muestra que el uso político de tecnologías digitales está siendo examinado desde distintos espacios del Congreso. Mientras la comisión busca recopilar información, el proyecto del Senado plantea posibles cambios normativos y sanciones.
Un debate sobre la integridad del espacio público digital
La discusión sobre la manipulación digital en Chile se relaciona con un problema más amplio: la capacidad de las plataformas para amplificar contenidos a gran velocidad y hacer que una operación coordinada parezca una conversación orgánica. Cuando las cuentas automatizadas interactúan entre sí o impulsan determinados mensajes, pueden influir en la visibilidad de los temas y en la percepción que las personas tienen sobre el consenso existente.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en una fase inicial de análisis parlamentario. Sus próximos avances dependerán de la revisión en la Comisión de Constitución y de las decisiones que adopte el Senado durante la tramitación. El proceso permitirá evaluar cómo responder a las redes inauténticas sin debilitar la participación legítima ni el intercambio de opiniones en internet.
