El Régimen Especial de Tributación para Servicios de Centro de Datos (Redata) entró en una fase decisiva en Brasil. La Ley N.º 15.504 fue sancionada el 15 de septiembre de 2026 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Unión. La norma crea incentivos tributarios para la instalación y ampliación de centros de procesamiento de datos, incluidos proyectos relacionados con computación en la nube e inteligencia artificial.
Sin embargo, la entrada en vigor de la ley no resuelve por sí sola todos los aspectos necesarios para que el programa opere plenamente. El Gobierno federal todavía debe definir reglas sobre las fuentes de energía consideradas de baja emisión, la importación de equipos y los mecanismos de control de las obligaciones asumidas por las empresas. El tema fue destacado por Folha de S.Paulo en una actualización publicada el 28 de septiembre.
Qué crea el Redata para los centros de datos
La política busca atraer inversiones y fortalecer la infraestructura digital instalada en Brasil. El objetivo es ampliar la capacidad nacional de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos en un momento de expansión de los servicios digitales y de la inteligencia artificial. La iniciativa también pretende estimular el desarrollo tecnológico y la producción vinculada a ese ecosistema.
Según el Ministerio de Hacienda, el programa está acompañado de contrapartidas destinadas a evitar que el beneficio tributario se limite a la instalación física de grandes complejos tecnológicos. Entre las exigencias figura la disponibilidad de al menos el 10% de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos para el mercado interno.
La ley también establece obligaciones relacionadas con inversiones en investigación y desarrollo dentro del país, el uso de fuentes de energía renovables o de baja emisión y el cumplimiento de criterios de eficiencia hídrica. Para proyectos ubicados en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, la política prevé una reducción del 20% en dos de esas obligaciones, según la información oficial divulgada tras la sanción.
Reglamentación será clave para la aplicación práctica
La principal incertidumbre está en cómo se traducirán las disposiciones generales de la ley en procedimientos concretos. La definición de qué fuentes serán reconocidas como de baja emisión puede influir directamente en la elegibilidad de los proyectos. Lo mismo ocurre con las reglas para importar equipos y con la forma en que el Gobierno verificará el cumplimiento de las contrapartidas.
La fiscalización será especialmente relevante porque los incentivos están vinculados a compromisos tecnológicos, energéticos y ambientales. Sin criterios claros, podrían surgir dudas sobre la medición de la eficiencia hídrica, la comprobación de las inversiones en investigación y desarrollo y la efectiva oferta de capacidad para usuarios del mercado brasileño.
El texto de la Ley N.º 15.504 formaliza el régimen, pero la reglamentación deberá indicar cómo las empresas solicitarán los beneficios y qué órganos públicos serán responsables por el seguimiento. Mientras esas definiciones no estén consolidadas, la previsibilidad para los inversores y la capacidad de control del Estado permanecen como puntos centrales del debate.
Inversión, soberanía digital y costos ambientales
El Gobierno sostiene que Brasil tiene condiciones para atraer nuevos centros de datos debido a su disponibilidad de energía renovable y a su infraestructura de cables submarinos. El Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios afirma que cerca del 60% de las cargas digitales brasileñas son procesadas fuera del país, argumento utilizado para defender una mayor capacidad nacional y una posible reducción de la dependencia de servicios alojados en el exterior.
Ese movimiento puede beneficiar a empresas, instituciones públicas y usuarios que necesitan servicios de nube, almacenamiento y procesamiento de datos dentro del territorio brasileño. También puede favorecer la formación de capacidades tecnológicas locales, siempre que las inversiones en investigación y desarrollo generen resultados verificables y vínculos con universidades y empresas del país.
Por otro lado, los centros de datos demandan grandes cantidades de energía y pueden ejercer presión sobre los recursos hídricos, especialmente en regiones donde la disponibilidad de agua ya es limitada. La renuncia tributaria también plantea interrogantes sobre el retorno económico de los incentivos y sobre la posibilidad de que el mercado se concentre en grandes compañías internacionales con mayor capacidad financiera.
Organizaciones piden más transparencia
La discusión no se limita al Gobierno y al sector tecnológico. De acuerdo con Agência Brasil, organizaciones como Coalizão Direitos na Rede, el Instituto de Defesa do Consumidor y la Rede pela Soberania Digital cuestionaron la forma en que se condujo el proyecto y reclamaron mayor transparencia.
Las entidades también plantearon la necesidad de establecer contrapartidas tecnológicas más sólidas y salvaguardas socioambientales. Sus críticas incorporan al debate preguntas sobre quién se beneficiará efectivamente de los incentivos, cómo se distribuirán los impactos territoriales y qué garantías existirán para que la expansión de la infraestructura digital contribuya al desarrollo nacional.
El Redata, por tanto, combina una promesa de modernización con desafíos de control público. Su resultado dependerá de las reglas que todavía deben ser definidas, de la capacidad de fiscalización y de la transparencia con que se evalúen los beneficios económicos, tecnológicos y ambientales de cada proyecto.
