La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) aprobó una política institucional para orientar el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en sus actividades. El documento busca establecer criterios comunes para que estas herramientas apoyen el trabajo de la institución sin reemplazar el criterio profesional ni la responsabilidad de sus funcionarios.
La medida fue aprobada en septiembre de 2026 y difundida públicamente el 13 de octubre por la propia Suseso. Su alcance se relaciona con la transformación digital del organismo y con la necesidad de definir límites para el uso de sistemas capaces de generar texto, analizar información o entregar apoyo en tareas institucionales.
Según la Superintendencia de Seguridad Social, la política incorpora principios vinculados con la ética, la seguridad, la transparencia, la protección de la información y la supervisión humana. En conjunto, estos elementos buscan que la adopción de inteligencia artificial ocurra de manera controlada y coherente con las responsabilidades de un organismo público.
Una herramienta de apoyo, no un reemplazo del criterio profesional
Uno de los puntos centrales de la política es que la inteligencia artificial generativa debe ser entendida como una herramienta de apoyo. Esto significa que sus resultados no sustituyen la evaluación de los equipos responsables ni trasladan a un sistema automatizado la responsabilidad por las decisiones institucionales.
La distinción es relevante porque los sistemas generativos pueden producir respuestas útiles, pero también requieren revisión antes de ser utilizados en tareas administrativas o en contenidos destinados a la ciudadanía. La supervisión humana permite evaluar la pertinencia de una respuesta, detectar posibles errores y decidir si la información puede emplearse en un contexto determinado.
Para una institución como la Suseso, que desarrolla funciones relacionadas con la seguridad social, la existencia de criterios internos ayuda a ordenar el uso de estas tecnologías. La política no plantea una incorporación sin controles, sino un marco para que la innovación se vincule con las obligaciones propias del servicio público.
Ética, seguridad y protección de la información
La política también aborda riesgos asociados al manejo de información. El énfasis en la protección de datos y en la seguridad busca evitar que el uso de herramientas generativas se convierta en una vía para exponer antecedentes que deban mantenerse bajo resguardo o para procesar información sin las precauciones correspondientes.
La transparencia constituye otro componente del documento. En el contexto público, conocer cómo y bajo qué condiciones se utiliza una tecnología puede ser importante para mantener la confianza de las personas. Por eso, las reglas internas permiten establecer expectativas sobre el papel de la inteligencia artificial y sobre el nivel de intervención que deben conservar los funcionarios.
El enfoque también incorpora una dimensión ética. La utilización de sistemas automatizados no depende únicamente de su capacidad técnica, sino de la finalidad para la que se aplican, de la forma en que se revisan sus resultados y de las consecuencias que pueden tener para quienes interactúan con la institución.
Un paso dentro de la transformación digital del sector público
La decisión de la Suseso se conecta con una agenda más amplia de transformación digital y uso ético de algoritmos en el Estado chileno. En ese escenario, las políticas institucionales cumplen una función práctica: traducen principios generales en orientaciones que pueden ser consideradas por los equipos al momento de explorar o utilizar soluciones de inteligencia artificial.
El caso también muestra que la discusión sobre estas tecnologías no se limita a adquirir plataformas o incorporar nuevas funciones. Antes de ampliar su uso, los organismos públicos deben definir responsabilidades, revisar los riesgos y asegurar que las personas mantengan un papel activo en la validación de los resultados.
La experiencia de la Suseso puede ser observada por otras instituciones que enfrentan desafíos similares. La existencia de una política interna no elimina por sí sola los riesgos de la inteligencia artificial generativa, pero entrega una base para ordenar su utilización y promover decisiones más conscientes sobre la información, los procesos y la atención a la ciudadanía.
Los desafíos que permanecen
El principal desafío será llevar estos principios a las actividades concretas de la institución. Para ello, será necesario que los funcionarios conozcan las orientaciones, comprendan las limitaciones de los sistemas generativos y mantengan la revisión humana en las etapas en que una respuesta automatizada pueda influir en el trabajo institucional.
También será importante conservar una evaluación permanente de las herramientas utilizadas. La seguridad, la transparencia y la protección de la información no dependen solo de una decisión inicial, sino de la forma en que los sistemas son incorporados, supervisados y ajustados con el tiempo.
Con su nueva política, la Suseso establece una referencia institucional para avanzar en el uso de inteligencia artificial generativa con responsabilidad. La iniciativa refuerza la idea de que la transformación digital del sector público debe combinar innovación tecnológica, control humano y resguardo de los derechos de la ciudadanía.
