Chile incorporó la infraestructura pública digital a su agenda de transformación del Estado tras adherir a la campaña internacional 50-in-5. La iniciativa busca acompañar a los países en la creación, implementación o ampliación de componentes digitales compartidos que pueden facilitar la relación entre las personas, las empresas y las instituciones públicas.
El anuncio se produjo durante el Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, realizado el 29 y 30 de septiembre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. La participación chilena también se desarrolló en el marco de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas, que se extendió hasta el 2 de octubre.
De acuerdo con la Secretaría de Gobierno Digital de Chile, representantes de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda compartieron en estos encuentros las principales líneas de trabajo del país. Entre ellas se encuentran la identidad digital, las credenciales verificables, la gobernanza de datos, la inteligencia artificial y la modernización de los servicios públicos.
Qué implica la campaña 50-in-5
La campaña 50-in-5 está orientada a acelerar el desarrollo de infraestructura pública digital en distintos países. Su enfoque considera la posibilidad de construir o ampliar sistemas y componentes que permitan ofrecer servicios estatales de manera más integrada, segura y accesible.
En este contexto, la adhesión de Chile no significa que el país ya cuente con una plataforma única plenamente implementada para todos sus servicios. Se trata de una incorporación a una agenda internacional de cooperación y desarrollo, en la que los gobiernos comparten prioridades y experiencias para avanzar en capacidades digitales de uso público.
La infraestructura pública digital puede incluir herramientas para identificar a las personas de manera segura, intercambiar información entre organismos y emitir credenciales que puedan ser verificadas. El objetivo es que estos componentes funcionen con reglas de confianza y gobernanza, evitando que cada institución deba resolver de forma aislada necesidades similares.
Identidad digital como prioridad para los servicios públicos
Uno de los ejes destacados por la delegación chilena fue la identidad digital. Este concepto busca permitir que una persona acredite quién es cuando realiza un trámite o utiliza un servicio público en línea, con mecanismos que protejan sus datos y reduzcan los riesgos de suplantación.
Una identidad digital más integrada podría simplificar el acceso a distintas prestaciones y disminuir la necesidad de repetir procesos de identificación ante organismos diferentes. Sin embargo, su desarrollo también exige definir criterios de seguridad, privacidad, interoperabilidad y acceso, especialmente para quienes tienen dificultades de conectividad o menor experiencia en el uso de plataformas digitales.
Las credenciales verificables forman parte de esta misma agenda. Se trata de documentos o atributos digitales cuya autenticidad puede ser comprobada por una institución, una empresa o un servicio, sin depender necesariamente de intercambios manuales de información. En la práctica, este tipo de mecanismo puede contribuir a validar datos de manera más rápida y controlada, siempre que existan estándares y responsabilidades claramente establecidos.
Datos, inteligencia artificial y modernización del Estado
La agenda presentada por Chile también incluye la gobernanza de datos y la inteligencia artificial. Ambos temas están vinculados con la forma en que el Estado recopila, administra y utiliza información para diseñar políticas públicas y mejorar la atención a la ciudadanía.
Una gobernanza de datos sólida resulta relevante para determinar quién puede acceder a determinada información, con qué propósito y bajo qué medidas de protección. En paralelo, el uso de inteligencia artificial en organismos públicos requiere criterios que permitan evaluar sus resultados, reducir errores y mantener la responsabilidad institucional sobre las decisiones que afecten a las personas.
La modernización de los servicios públicos, por tanto, no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías. También requiere coordinación entre instituciones, normas comunes y mecanismos que permitan supervisar el funcionamiento de los sistemas. La infraestructura pública digital se presenta como una base para avanzar en esa dirección, sin reemplazar las obligaciones de transparencia, seguridad y protección de derechos.
Una agenda regional con impacto en la ciudadanía
La participación chilena en Santo Domingo sitúa estos asuntos dentro de una conversación regional. El intercambio entre gobiernos americanos permite observar desafíos compartidos, como la necesidad de facilitar trámites, combatir fraudes digitales y mejorar la eficiencia administrativa sin ampliar las brechas de acceso.
Para las personas, el avance de esta agenda podría traducirse en procesos digitales más simples y en una identificación más consistente ante el Estado. No obstante, sus resultados dependerán de las decisiones que Chile adopte durante las siguientes etapas: qué sistemas priorizará, cómo integrará a las instituciones y qué garantías aplicará para proteger la información personal.
Por ahora, la adhesión a 50-in-5 marca un compromiso político y técnico con el desarrollo de capacidades públicas digitales. El próximo desafío será convertir las prioridades anunciadas en soluciones interoperables, confiables y comprensibles para la ciudadanía, manteniendo el foco en servicios públicos accesibles y seguros.
