El Gobierno de Chile anunció el envío de un proyecto de ley que busca limitar a un máximo de 20 pesos las futuras alzas de las bencinas y el diésel durante los próximos 90 días. La propuesta fue presentada el lunes 9 de noviembre por el Presidente José Antonio Kast, quien sostuvo que la medida pretende reducir el impacto del precio de los combustibles sobre las familias, los transportistas y la actividad económica.
La iniciativa tendrá discusión inmediata en el Congreso Nacional, según informó la Presidencia de la República. Esto significa que el Ejecutivo busca acelerar su tramitación, aunque el proyecto todavía necesita ser analizado y aprobado por los parlamentarios antes de convertirse en una norma vigente.
Qué propone el Gobierno para los combustibles
El proyecto contempla establecer un techo para los incrementos que se produzcan durante un período de 90 días. De acuerdo con el anuncio oficial, ninguna alza de las bencinas ni del diésel debería superar los 20 pesos bajo el mecanismo propuesto. La medida apunta a que los ajustes sean más graduales y tengan un efecto menos inmediato sobre el presupuesto de los hogares y los costos de las empresas.
El anuncio considera tanto la gasolina como el petróleo diésel, dos combustibles con efectos directos en la movilidad de las personas y en el transporte de carga. En el caso del diésel, el precio tiene una incidencia especial en las operaciones de camiones y en la distribución de productos, por lo que una variación en su valor puede trasladarse a distintos sectores de la economía.
Según el Ministerio del Interior, Kast vinculó la propuesta con la necesidad de aliviar la presión que ejercen los combustibles sobre comerciantes, transportistas y familias. El mandatario también señaló que el Ejecutivo está utilizando las herramientas previstas en la Ley del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido como MEPCO.
Alza de esta semana tendrá un límite diferente
La propuesta anunciada para los próximos 90 días no debe confundirse con la decisión comunicada para el ajuste más cercano. Para esta semana, el Gobierno indicó que las bencinas y el diésel subirían hasta 40 pesos, correspondiente al mínimo técnico que, según el Ejecutivo, puede aplicarse mediante el MEPCO en esta ocasión.
La diferencia es relevante para los consumidores: el límite de 20 pesos forma parte de un proyecto de ley que aún debe avanzar en el Congreso, mientras que el ajuste de 40 pesos corresponde a la aplicación del mecanismo vigente. La explicación fue recogida por Radio Cooperativa, que informó además que el Gobierno espera tramitar la iniciativa durante esta semana.
Presión fiscal y reclamos de transportistas
Durante el anuncio, el Presidente afirmó que entre agosto y octubre el Estado destinó casi 1.200 millones de dólares para mantener cierto nivel de precios de los combustibles. También indicó que el subsidio asociado al diésel alcanzaba los 170 pesos por litro cargado en el estanque de un camión, según sus declaraciones difundidas por Radio Cooperativa.
El costo de las medidas de contención aparece en medio de reclamos de organizaciones de transportistas. La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte convocó a una paralización nacional a partir de las 00:00 horas del martes 10 de noviembre, mientras otros gremios anunciaron reuniones para abordar el impacto de las alzas del diésel y las tarifas de los fletes.
El conflicto tiene una dimensión nacional porque el transporte de carga participa en el abastecimiento de ciudades, comercios y actividades productivas. Los gremios han planteado que la variación periódica del precio del combustible dificulta calcular los costos de los viajes y fijar tarifas, especialmente para los pequeños y medianos transportistas.
Qué falta para que la medida entre en vigor
El anuncio presidencial no establece por sí solo el tope para las futuras alzas. Para que la limitación de 20 pesos comience a aplicarse, el proyecto debe ingresar al Congreso, ser discutido por sus cámaras y recibir la aprobación correspondiente. La urgencia legislativa anunciada por el Ejecutivo busca acortar esos plazos, pero la entrada en vigencia dependerá del resultado de la tramitación parlamentaria.
Mientras tanto, el MEPCO continúa siendo el instrumento utilizado para moderar las variaciones de precios de los combustibles. El Gobierno presentó la nueva iniciativa como una respuesta temporal a la presión sobre el costo de vida y a las dificultades que enfrentan las familias y el transporte, con un período de aplicación previsto de 90 días.
